Los derechos humanos constituyen principalmente la base de la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Sin embargo, determinados derechos humanos también afectan a ámbitos de la vida laboral y de la economía. Los profesionales de la consultoría de empresas para la mejora de la sostenibilidad y derechos humanos Propós, nos detallan las regulaciones vigentes internacionales al respecto.
Por ejemplo, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) garantiza la libertad sindical y prohíbe el trabajo forzoso. Todos los empleados tienen derecho a un salario adecuado, condiciones de trabajo seguras y saludables y vacaciones pagadas. Los Estados también están obligados a respetar, proteger y garantizar estos derechos.
Además de estos derechos fundamentales, que están establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen estándares mínimos universales para el trabajo decente. Las llamadas normas laborales fundamentales de la OIT, que son válidas independientemente del nivel de desarrollo de un país, incluyen, entre otras cosas, las áreas de libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, prohibición de la discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso. mano de obra.
Influencia de las empresas comerciales en los derechos humanos
Además de las autoridades gubernamentales, las empresas comerciales también tienen una influencia significativa para garantizar que los derechos humanos sean respetados en todo el mundo. Las inversiones y las actividades empresariales contribuyen a la realización de los derechos humanos: aumentan los ingresos y el empleo, aumentan los ingresos fiscales y aumentan la seguridad social.
Sin embargo, la búsqueda de beneficios empresariales también puede (consciente o inconscientemente) conducir a la violación de los derechos humanos, por ejemplo mediante desalojos, destrucción del medio ambiente, trabajo infantil, restricciones a los derechos sindicales o daños a la salud de los empleados.
A diferencia de los Estados obligados a hacerlo según el derecho internacional, las empresas no son receptoras directas de derechos humanos. Sin embargo, también tienen la responsabilidad social de respetar los derechos humanos. En España también están sujetos a las leyes nacionales. Sin embargo, en otros países la actividad del sector privado no se gestiona ni supervisa adecuadamente.
En particular, la regulación de las corporaciones globales y las empresas multinacionales es a veces muy irregular. Esto afecta particularmente a los países en desarrollo, donde a menudo operan las corporaciones transnacionales.
Principios Rectores de la ONU y Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos
Para cerrar las brechas en la protección de los derechos humanos en todo el mundo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011. Subrayan el deber del Estado de proteger los derechos humanos, enfatizan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y estipulan que las personas cuyos derechos humanos han sido violados por las empresas deben recibir ayuda efectiva.
Para implementar los Principios Rectores de la ONU, el Gobierno adoptó el Plan de Acción Nacional para las Empresas y los Derechos Humanos (PAN), que formula las expectativas del Gobierno de que todas las empresas cumplan con sus obligaciones de diligencia debida corporativa para respetar los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro y valor.
Sin embargo, no se cumplió el objetivo establecido en el PAN de que para 2020 al menos el 50 por ciento de todas las empresas con sede en España con más de 500 empleados apliquen los elementos básicos de la debida diligencia en materia de derechos humanos y hayan integrado las medidas correspondientes en sus procesos corporativos. Por este motivo, el gobierno preparó una ley nacional de diligencia comprometida con una regulación a nivel de la UE.
Importancia de la economía para la cooperación al desarrollo
El crecimiento económico es un requisito previo importante para el desarrollo. Sólo si se respetan los derechos humanos y las normas laborales fundamentales de la OIT podrá este crecimiento ser sostenible, inclusivo y amplio.
Las normas laborales fundamentales, las normas medioambientales, sociales y de derechos humanos no limitan las oportunidades de desarrollo económico, sino que garantizan condiciones de mercado justas e igualitarias. Crean seguridad jurídica e impiden que las empresas obtengan ventajas competitivas explotando a las personas y la naturaleza.
Muchas empresas afrontan sus responsabilidades sociales y, por tanto, en materia de derechos humanos. En los últimos años, han surgido un gran número de iniciativas y compromisos voluntarios de las empresas para implementar sus obligaciones de diligencia debida, incluso a lo largo de las cadenas de suministro globales. Estos incluyen las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacionales, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y muchos otros códigos de conducta.
Además, en muchas industrias se están implementando las llamadas iniciativas de múltiples partes interesadas en colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otras partes interesadas para promover acciones corporativas sostenibles.
Estas medidas voluntarias ya han hecho valiosas contribuciones al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, en muchos casos todavía faltan mecanismos eficaces de aplicación, denuncia y sanción.
Promover la diligencia debida y el comportamiento empresarial responsable es una parte importante de la política de desarrollo española.
